NUEVA YORK/BUENOS AIRES.- La Argentina suspendió una planeada venta de al menos U$S 2.000 millones en títulos públicos a inversores no estadounidenses, horas después de que un juez en Estados Unidos ordenó a los bancos que manejan la operación que presenten documentos relevantes sobre la emisión.

La suspensión, si se mantiene en el tiempo, podría perjudicar el financiamiento de la Argentina, que posee bonos por U$S 6.000 millones de dólares que vencen hasta fin de año, mientras que el Gobierno lucha por apuntalar sus bajas reservas internacionales.

Los bancos Deutsche Bank y JP Morgan, no dieron explicaciones sobre la suspensión de la venta, dijeron dos inversores con conocimiento directo de la operación. La decisión, sin embargo, se da luego de que el juez estadounidense de distrito Thomas Griesa emitiera el miércoles una orden en que solicita a los bancos presentar inmediatamente documentos vinculados a la emisión y testigos para una deposición a las 20.00 GMT del jueves.

La orden de la corte se da en respuesta a una citación presentada el 9 de febrero por NML Capital, una unidad de Elliott Management Corp, a los dos bancos. Según una transcripción de una audiencia de urgencia convocada el miércoles, Griesa dijo que la orden que firmó no restringe la transacción sino que “simplemente solicita información”.

Para evitar obstáculos legales en Estados Unidos, donde Argentina está envuelta en una disputa de una década con acreedores que no participaron en las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010, los bancos estaban promocionando la emisión de bonos Bonar 2024 exclusivamente para inversores no estadounidenses.

Argentina, que ha estado marginada de los mercados de capitales desde la cesación de pagos del 2002, dijo que había una “ventana de oportunidad” para colocar deuda en los mercados internacionales. Deutsche Bank y JP Morgan no hicieron declaraciones.

La planeada reapertura de venta de los bonos Bonar 24, con un cupón de 8,75%, se estimaba en al menos U$S 2.000 millones, según la transcripción de la audiencia que citaba una carta preparada por los bancos para potenciales inversores.

Abogados del JP Morgan dijeron en la corte que la venta de bonos era meramente “considerada”, a pesar de la afirmación de los abogados de los fondos de cobertura que dijeron que era inminente.

“Nunca hubo una confirmación de colocación, por lo tanto no puede suspenderse. Argentina sólo confirmó el miércoles que estaba abierta a analizar todas las propuesta que se le presentasen”, dijo una fuente del Ministerio de Economía.

Dos fuentes con conocimiento de la transacción dijeron que Deutsche Bank y JP Morgan decidieron suspender la venta de bonos como precaución mientras responden al pedido del juez. “Argentina no está impedida de buscar fondos”, indicó una de las fuentes.

“Cualquier restricción (de la Justicia estadounidense) se aplica sobre el pago de los bonos, no sobre su capacidad para buscar capitales”. La operación podría reanudarse, dependiendo de los resultados del procedimiento legal, dijo la misma fuente.

Bonos en alza

Los bonos argentinos han subido en las últimas dos semanas, en parte impulsados por la confianza de los inversores de que las elecciones presidenciales del 25 de octubre van a marcar el comienzo de un Gobierno más amigable con los mercados. La presidenta Cristina Fernández está imposibilitada por la Constitución de buscar un tercer mandato consecutivo. Los inversores parecieron tomar con calma las últimas novedades. El precio del Bonar 2024 subió 0,191% a 104,84 centavos.

“Los inversores creen que al haber un cambio de autoridades va a haber posibilidades de acceder a financiamiento internacional, ya que a las tasas actuales hay liquidez disponible”, sostuvo Roberto Drimer, economista de la consultora VaTnet.

Argentina se encuentra en una batalla legal con un pequeño grupo de fondos “buitre”, con sede en Nueva York, por sus tenencias de deuda impaga desde la cesación de pagos de 2002.

El país cayó en su segunda cesación de pagos en 12 años en julio, después de que el juez Griesa bloqueó los pagos de su deuda reestructurada, hasta tanto el país concrete el pago de la sentencia a favor de los bonistas litigantes por más de U$S 1.330 millones. (Reuters)